Las inundaciones son uno de los principales riesgos durante la temporada lluviosa, por lo que los GAD deben fortalecer las acciones de prevención y respuesta. Zonas con riesgo alto a deslizamientos deben ser identificados para su monitoreo en los planes de contingencia de los gobiernos locales de la provincia.Fotos de Jorge Sánchez
Ivette Coronel Ojeda
Aunque los 14 municipios de la provincia de El Oro y la Prefectura cumplieron con la entrega de sus planes de contingencia dentro del plazo establecido, ninguno ha recibido la aprobación de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
César Uyaguari, coordinador zonal 7 de la institución, alertó que las observaciones técnicas pendientes evidencian que los gobiernos seccionales todavía no están preparados para enfrentar una eventual emergencia como el fenómeno de El Niño.
El funcionario explicó que todos los documentos fueron presentados hasta las últimas horas del 23 de junio, fecha fijada por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. Sin embargo, tras la revisión inicial, los planes fueron devueltos para que se subsanen las falencias detectadas.
“Todos están entregados, pero ninguno aprobado. Hasta este momento todos han sido remitidos para su revisión y ninguno ha presentado las correcciones que fueron sugeridas, empezando por el de la Prefectura”, manifestó Uyaguari.
OBSERVACIONES TÉCNICAS
Uyaguari señaló que las observaciones no son las mismas para todos los cantones, ya que responden a las características geográficas y a las amenazas específicas de cada territorio.
Entre las principales falencias encontradas constan la falta de identificación de puntos críticos de movilidad, zonas de acumulación de materiales producto de deslizamientos, estaciones de bombeo y sistemas de drenaje, sitios con antecedentes de erosión hídrica, infraestructura pública vulnerable y mecanismos de monitoreo de los servicios básicos.
Asimismo, indicó que en varios casos no se detalla el presupuesto destinado para ejecutar las acciones contempladas en los planes ni las estrategias para fortalecer la respuesta institucional frente a una emergencia.
“Los cantones de la parte alta tienen problemáticas diferentes a los de la zona baja, por eso las observaciones varían. Un equipo multidisciplinario revisa cada uno de los planes para emitir las recomendaciones correspondientes”, explicó.
FALTA DE PREPARACIÓN
Uyaguari sostuvo que la principal preocupación no radica en las posibles sanciones que podrían recibir los gobiernos autónomos descentralizados, sino en la vulnerabilidad en la que quedaría la ciudadanía si ocurre un evento adverso.
A su criterio, no contar con planes de contingencia aprobados significa que los municipios no tienen plenamente definidas las acciones para responder de manera inmediata ante inundaciones, deslizamientos u otras emergencias asociadas a la temporada invernal o al posible fenómeno de El Niño.
“Más allá de una sanción, lo preocupante es la irresponsabilidad que se está manejando en la gestión de riesgos. No estamos preparados para un evento adverso y quienes al final resultan afectados son los ciudadanos”, enfatizó.
Añadió que la gestión de riesgos busca proteger la vida de las personas y que los gobiernos cantonales tienen competencias exclusivas en labores preventivas como la limpieza de drenajes, alcantarillas, cauces urbanos, la identificación de zonas vulnerables, el mantenimiento de infraestructura y el fortalecimiento de los comités comunitarios.
“Son responsabilidades que corresponden directamente a los gobiernos cantonales y provinciales. Si esas acciones no se ejecutan oportunamente, las consecuencias pueden ser graves cuando llegue una emergencia”, advirtió.
Uyaguari recordó que existe una percepción equivocada de que la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es la primera institución que debe atender cualquier emergencia.
Explicó que, de acuerdo con la normativa vigente, los primeros responsables de actuar son los gobiernos autónomos descentralizados, mientras que la Secretaría interviene únicamente cuando la magnitud del evento supera la capacidad de respuesta local.
“Quien tiene la responsabilidad en primera instancia son los gobiernos cantonales. Una vez que sobrepasan su capacidad ingresamos nosotros y activamos a las demás instituciones del Ejecutivo para atender la emergencia”, indicó.
SANCIONES DEPENDERÁN
DEL COE NACIONAL
Sobre las posibles sanciones para los municipios y la Prefectura, Uyaguari explicó que todavía no existe una fecha límite para presentar los planes corregidos.
Precisó que será el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional el que, en una próxima reunión, defina los nuevos plazos y determine las medidas que se aplicarán a las instituciones que no cumplan con los lineamientos establecidos.
Recordó que la elaboración de estos planes responde a las resoluciones adoptadas por el COE Nacional el pasado 22 de mayo y a la Resolución 126 emitida por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
Mientras tanto, aseguró que la institución mantiene personal técnico disponible las 24 horas del día para brindar acompañamiento a las unidades de gestión de riesgos de cada municipio y de la Prefectura.
“Hemos dispuesto personal, logística y asistencia permanente para apoyar la elaboración y corrección de los planes. Si las autoridades no hacen uso de ese apoyo, la responsabilidad recaerá sobre ellas”, precisó.
