QUITO.- Un total de 80 testigos y peritos, siete cadenas de custodia, 64 pruebas documentales y seis documentos privados conforman la prueba que el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, anunció que presentaría en la etapa de juzgamiento, si la decisión de la jueza penal Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), es llamar a juicio a los siete acusados del delito de asociación ilícita en el caso Liga2.
QUITO.- Un total de 80 testigos y peritos, siete cadenas de custodia, 64 pruebas documentales y seis documentos privados conforman la prueba que el fiscal general encargado, Carlos Leonardo Alarcón, anunció que presentaría en la etapa de juzgamiento, si la decisión de la jueza penal Daniella Camacho, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), es llamar a juicio a los siete acusados del delito de asociación ilícita en el caso Liga2.
Desde la tarde del martes último, 24 de marzo, luego de seis días de audiencia preparatoria de juicio, la magistrada nacional ingresó a analizar y evaluar lo escuchado en el dictamen acusatorio de la Fiscalía; los señalamientos de la acusación particular: el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); y la fundamentación con la que rechazaron las defensas de los siete sospechosos de haber intervenido en la planificación de una estrategia para controlar instituciones del Estado y beneficiar al movimiento de la RC, mediante el control de la Superintendencia de Bancos, el Consejo de la Judicatura (CJ), entre otras instituciones.
La Fiscalía emitió un dictamen acusatorio en calidad de autores directos del delito de asociación ilícita contra los exintegrantes del CPCCS y parte de la denominada Liga Azul, cercana al correísmo, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. También la aún integrante del Consejo de Participación Nicole Bonifaz, el excandidato presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) Andrés Arauz, Raúl González, quien fue electo superintendente de Bancos en 2022, y la exasambleísta de la RC Esther Cuesta.
El fiscal Alarcón explicó en su dictamen que mediante la asociación de varios consejeros de Participación Ciudadana se dedicaron a proyectar un control del Estado por medio de tráfico de influencias, ofertas de tráfico de influencias e incumplimientos de decisiones legítimas de autoridad competente. Para la Fiscalía, los entonces consejeros habrían actuado lejos de su rol constitucional como autoridades electas por el pueblo ecuatoriano.
“El presente caso retrata el mecanismo mediante el cual la institución encargada de la selección de las primeras autoridades del Ecuador, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue cooptada por personas afines a un partido político en donde su principal objetivo era captar tantos espacios de poder como fuera posible, convirtiendo a la participación ciudadana en un mero eslogan de una fachada”, anotó Alarcón.
En el anuncio probatorio de la Fiscalía se pidió que, si la decisión es que sean llamados a juicio todos los acusados, se recepte en audiencia de juzgamiento el testimonio del presidente y expresidente del CPCCS Andrés Fantoni y Hernán Ulloa, respectivamente; de las consejeras de Participación Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez; del superintendente de Bancos, Roberto Romero von Buchwald; y de la exlegisladora y actual ministra de Gobierno, Natalie Murillo.
El fiscal Alarcón pide que den su testimonio al menos once asambleístas, en su mayoría de ADN (Acción Democrática Nacional), entre quienes están Luis Ricardo Álvarez, Milton Aguas, Roberto Jaramillo, Lucía Jaramillo, Inés Alarcón, Yadira Bayas, Ferdinand Álvarez, Fausto Fernández, Fabiola San Martín, Henry Bosque y Jorge Luis Guevara.
También se convoca a los exconsejeros de Participación Ciudadana Juan Esteban Guarderas y Vielka Párraga; a las asambleístas del movimiento de la RC Viviana Veloz y Jahiren Noriega; al ex fiscal general del Estado Galo Chiriboga; al defensor público general, Ricardo Morales; y a los jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) Ángel Torres, Wilson Ortega, Joaquín Viteri Llanga, Ana Abril Olivo (conjuez) y a la presidenta del organismo, Ivonne Coloma.
Desde Fiscalía se ha indicado que la trama de corrupción investigada en Liga2 gira en torno a tres eventos con irregularidades: el primero, conductas ilícitas en el escenario de la justicia electoral; el segundo, relacionado con la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ); y, el tercero, atado a la designación del titular de la Superintendencia de Bancos.
